El tramo pendiente de la última milla

La seguridad laboral es prácticamente inexistente para quienes día a día salen a hacer repartos en las calles como trabajadores de apps de delivery. Diferentes proyectos de ley buscan regular su situación y avanzar hacia su formalización.
Valentina Essus G.

En septiembre de 2020 tomó su bicicleta, se puso su casco y partió por primera vez a hacer una entrega de delivery. Felipe Gutiérrez (23) había sido suspendido de su trabajo regular producto de la pandemia del coronavirus y tenía que encontrar una forma de pagar las cuentas y mantener su departamento. “No quise devolverme a la Quinta Región porque eso significaba volver a vivir con mis papás, así que me metí a esta aplicación de servicios porque no era difícil de entrar y yo ya tenía la bicicleta”, cuenta.

Los servicios de delivery existen hace años en Chile, pero fue en 2017 que en las calles de la ciudad empezaron a aparecer cada vez más motoristas y ciclistas cargando coloridas y grandes mochilas con pedidos de todo tipo. La llegada de app como Rappi, Pedidos Ya, Uber Eats, entre otros, abrieron el mercado para miles de repartidores que, como Felipe, encontraron en esta modalidad una fuente de ingresos, sin necesidad de contar con un contrato formal. Hoy, cuatro años después y con la pandemia a cuestas, los trabajadores o “socios”, como les llaman las empresas a sus repartidores, se han multiplicado. 

Se calcula que el año pasado la cantidad de personas dedicadas a esta actividad aumentó 50%. Solo Rappi llegó hasta 70.000 repartidores inscritos en la app, según datos entregados a El Mercurio, mientras que Pedidos Ya creció 20% solo en el mes de mayo de 2020, según informó la empresa a Diario Financiero. 

El confinamiento, el aumento de la demanda de comercio electrónico y el desempleo, impulsaron este explosivo crecimiento. 

Pero aunque muchas personas hayan tornado a este tipo de trabajo como una alternativa para hacer frente a la crisis económica, lo hacen cumpliendo sus funciones completamente desprotegidos. Al no contar con un contrato laboral formal, los socios de las aplicaciones no tienen una cobertura de salud, jefaturas claras, jornadas laborales definidas ni seguros de accidentes. En caso de que algún trabajador tenga un problema durante las horas en que esté conectado, será tratado según las políticas de cada aplicación. 

Tratando de atender esta situación, tanto desde el Congreso como desde el gobierno han impulsado diversos proyectos de ley que buscan mejorar las condiciones laborales de las personas que prestan servicios a través de diferentes plataformas digitales. El primer proyecto fue ingresado el 14 de marzo de 2019, desde esa fecha, otros tres han sido presentados, pero solo uno tiene suma urgencia. Las cuatro iniciativas tienen objetivos similares: regular el contrato de los trabajadores de este tipo de plataformas, establecer garantías básicas para quienes se desempeñan en estas labores y modernizar la legislación laboral en base a las economías del siglo XXI para asegurar la protección de los trabajadores. 

Pero hasta ahora, todos estos proyectos duermen en el Congreso sin avances sustantivos.

“Creemos que las economías de plataformas digitales deben ser reguladas en nuestro país, pero esta regulación debe ser una regulación innovadora, pues este tipo de empleo no responde a los cánones tradicionales laborales”, dice Fernando Arab, subsecretario del Trabajo, institución que conformó la “Mesa de Trabajo de Plataformas Digitales”, integrada por miembros del Ministerio de Economía, Transporte, Telecomunicaciones y representantes del Consejo Superior Laboral que elaboró un informe sobre este tipo de economías en nuestro país y que reconoció la necesidad de generar mecanismos de protección en materia de seguridad laboral como: cotización de pensiones, cotización legal obligatoria de salud, cotización sobre accidentes del trabajo y enfermedades. El documento fue entregado a la Comisión de Trabajo del Senado. 

Para Mariana Alcérreca, gerenta de Asuntos Corporativos y Marketing de Mutual de Seguridad, la respuesta está en cada trabajador. “La cotización voluntaria es el camino para la formalización de ese trabajo y para la protección de esos trabajadores. Y ese camino es voluntad. Si el trabajador independiente de cualquier plataforma hoy día quiere cotizar puede hacerlo y queda protegido. Pueden voluntariamente decidir cotizar y, mensualmente, entrar a PREVIRED y cotizar en la afp que quiera, en la isapre que quiera o en Fonasa y, también, para el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales”, afirma.

Según Felipe, la cotización voluntaria hoy no es una opción para él: trabajando en la aplicación gana aproximadamente 90 mil pesos semanales, un ingreso significativamente menor al que recibía en su empleo anterior y que le permite costear sus gastos básicos, pero no ahorrar. Gastar en seguros mermaría aún más su sueldo. 

“Lamentablemente tengo que seguir hasta encontrar un trabajo 100% estable y que me cuide con seguros, pero mientras… a seguir arriesgándose”, dice, mientras revisa la aplicación para conectarse a su primer turno. “Hay que acercarse al McDonald’s de Bellavista, ahí siempre salen pedidos”, dice. Toma su bicicleta y parte camino al local, un centro neurálgico de solicitudes de repartos según muestra el color amarillo de la app, que recomienda los lugares con mayor demanda. 

Te invitamos a conocer más sobre los desafíos pendientes de la última milla en la siguiente nota de basepública.